CRISIS

DERECHOS Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

Es imprescindible seguir protegiendo y preservando los derechos de aquellos que requieren el cuidado de menores o personas mayores

Riesgo grave e inminente

En algunas empresas o puestos de trabajo no es posible implantar el teletrabajo (por la naturaleza de las funciones, porque no se disponen de las herramientas...). En ese caso, si acudir al puesto de trabajo de forma presencial supone un riesgo grave e inminente de contagio, la ley contempla una medida:

  • La empresa está obligada a informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo. Además, debe adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
  • Si ante dicho riesgo grave e inminente la empresa no adopta medidas, el trabajador (o por decisión de los representantes de los trabajadores) podrá interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo.

¡OJO!. Eso sí, la mera suposición de que hay riesgo de contagio o la alarma social generada no son suficientes para entender que hay riesgo grave e inminente (así lo indica el propio Gobierno en la guía elaborada).

Que se cojan vacaciones

En alguna compañía en la que no es posible hacer teletrabajo, el empresario ha querido obligar a sus trabajadores a “gastar” días de vacaciones mientras la situación del coronavirus no se resuelva. Dicha alternativa no es válida, por:

  • El periodo o periiodos de disfrute de las vacaciones se debe fijar de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones.
  • Además, una vez fijadas las fechas de vacaciones, por norma general, no pueden ser modificadas. En todo caso, sondee esta opción entre su plantilla. Quizá a los empleados con cargas familiares sí que les interese hacer ahora algunos días de vacaciones para evitar la reducción salarial derivada de un ERTE (durante los seis primeros meses de paro sólo se cobra el 70%).

Medidas de conciliación

Si la empresa o los trabajadores no pueden adoptar las medidas que se han indicado hasta ahora (ERTE, teletrabajo...), los afectados pueden recurrir a las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar previstas con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores.

Recordemos cuáles son:

Adaptación de la jornada

Según el Estatuto de los Trabajadores, las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo (vacaciones, descansos...) y en la forma de prestación (por ejemplo, la realización de teletrabajo). Ello, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. En todo caso, dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En estos casos existe un procedimiento específico que la empresa y el trabajador deben seguir si éste quiere solicitar la adaptación de su jornada. En concreto:

  • Si el convenio no regula los términos de esta medida y un trabajador pide adaptar su jorna- da, la empresa está obligada a negociar la solicitud durante un máximo de 30 días.
  • Tras la negociación, debe comunicar su decisión por escrito al trabajador. En concreto, debe indicar si acepta la petición, si la deniega (en cuyo caso deberá dar razones objetivas), o si plantea una alternativa que también permita atender las necesidades de conciliación.
  • Si se atiende la solicitud, el empleado podrá regresar a sus condiciones anteriores cuando concluya el período pactado o cuando un cambio en sus circunstancias lo justifique.

Medidas adoptadas por el Gobierno

Lo indicado en los párrafos anteriores es la regulación prevista con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, el Gobierno ha introducido cambios en esta medida de conciliación para que las personas trabajadoras y las empresas puedan adaptarse a la peculiar situación derivada del coronavirus. A estos efectos:

  • Las personas trabajadoras que acrediten que deben cuidar a su cónyuge o pareja de hecho, o a familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada. Por ejemplo, debido al cierre de los centros educativos.
  • La concreción inicial de dicha adaptación corresponde a la persona trabajadora, siempre y cuando su propuesta esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta sus necesidades y las necesidades de organización de su empresa. La propia norma indica que su empresa y la persona trabajadora deben hacer lo posible para llegar a un acuerdo.
  • La propuesta del trabajador puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo (incluyendo el teletrabajo), o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado (teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de la situación).

Si algún trabajador ya había ejercitado con anterioridad al coronavirus su derecho a la adaptación de la jornada en los términos previstos con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores, ahora podrá modificar las condiciones de su disfrute. Es decir, podrá solicitar nuevamente una adaptación según los cambios indicados en los tres puntos anteriores.

Reducción de jornada por guarda legal

Asimismo, si un trabajador tiene a su cuidado a un menor de doce años, puede pedir una reducción de su jornada diaria de entre un octavo y la mitad, con la reducción proporcional de sueldo.

En una situación normal, según la ley, a la hora de solicitar la reducción de jornada es el trabajador el que debe concretar el horario que quiere pasar a realizar. En general, debe respetar dos limitaciones:

  • La reducción de la jornada es diaria, de modo que debe concretarse en cada uno de los días trabajados. En este sentido, si el empleado trabaja 40 horas semanales de lunes a viernes, no puede pedir una reducción de ocho horas para pasar a trabajar sólo de lunes a jueves.
  • Asimismo, la reducción se debe disfrutar dentro de su jornada ordinaria. Así, si trabaja de 9:00 a 17:00, no puede exigirle una reducción del 50% para pasar a trabajar de 7:00 a 11:00.

Medidas adoptadas por el Gobierno

El Gobierno también ha introducido novedades en el derecho de las personas trabajadoras a reducir su jornada por guarda legal. En concreto:

  • Esta reducción de jornada especial se deberá comunicar a la empresa con 24 horas de antelación.
  • La reducción podrá alcanzar el 100% de la jornada si resulta necesario. Es decir, se puede pactar que la persona trabajadora deje de prestar sus servicios.

Otras alternativas

Vea otras medidas que están adoptando algunas empresas para adaptarse a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que deben permanecer en sus domicilios para poder cuidar de sus hijos (en los casos en que no es posible optar por el teletrabajo o por otras de las medidas indicadas más arriba).

5.5.1. Distribución irregular de la jornada

Según la ley, la empresa puede distribuir de forma irregular un número determinado de las horas anuales de sus empleados. Ello no supone una modificación sustancial de condiciones. En concreto:

  • Dicha distribución irregular debe respetar las limitaciones que prevea su convenio colectivo, o los pactos que haya alcanzado con los representantes de los trabajadores. De este modo, su convenio puede limitar el número de horas a distribuir de forma irregular (a un 5%, a un 15%...), o puede obligarle a abonar esas horas con un recargo.
  • Si su convenio no prevé lo contrario, o si no ha pactado nada con su plantilla, podrá distribuir de forma irregular un 10% de las horas anuales de sus empleados. Es decir, podrá disponer de un 10% de las horas anuales de sus trabajadores para exigir su realización en otros momentos distintos de los previstos en el calendario laboral. Ello de forma unilateral y en función de sus necesidades.

Bolsa de horas

Si alguno de los requisitos indicados en el punto anterior no se puede cumplir (por ejemplo, a lo largo del año su empresa ya ha hecho uso de la distribución irregular de la jornada), una alternativa es pactar una bolsa de horas con sus empleados. Es decir, que los empleados trabajen las horas que, por sus necesidades, sólo pueden trabajar, pactando que las horas que hayan trabajado de menos respecto a las que se deberían haber trabajado se recuperen en el futuro.

  • Libertad de horario

Otras empresas tienen centros de trabajo con amplios horarios de apertura. Sería el caso, por ejemplo, de la sede central (de las oficinas) de una empresa dedicada al comercio. Si dichos centros de trabajo están abiertos durante todo el día, se puede permitir que los empleados trabajen sus horas diarias en la franja horaria que elijan dentro de dicho horario de apertura del centro.

  • Movilidad funcional

En algunos puestos de trabajo de su empresa es posible hacer teletrabajo, pero en otros no. En ese caso, vea qué medida ya ha adoptado alguna empresa para atender las necesidades de los trabajadores con hijos:

  • El Estatuto de los Trabajadores permite cambiar las funciones de los empleados dentro de su grupo profesional.
  • Pues bien, alguna empresa ha utilizado dicho mecanismo de flexibilidad para cambiar de puesto de trabajo a un empleado con cargas familiares hacia un puesto de trabajo que sí permite hacer teletrabajo.

Poder de dirección

A estos efectos, si el cambio de funciones se lleva a cabo dentro del mismo grupo profesional, su empresa puede tomar la medida de forma unilateral, sin tener que seguir ninguna formalidad. En concreto:

• Esta forma de actuar es válida, salvo que el contrato indique expresamente que sólo se realizarán algunas de las funciones correspondientes al grupo profesional. En ese caso, el cambio a unas nuevas funciones no especificadas en el contrato se debe tramitar como una modificación sustancial de condiciones, aunque dichas funciones se integren en el mismo grupo profesional.

• Su empresa no deberá acreditar ningún tipo de causa ni seguir procedimientos especiales. Además, el cambio podrá ser definitivo o temporal.

  • Permiso no retribuido

Si no es posible adoptar ninguna medida de las indicadas y un trabajador le insiste en la necesidad de quedarse en casa, pueden pactar un permiso no retribuido. Por ejemplo, esta medida puede interesar si una persona trabajadora no tiene hijos ni familiares de segundo grado a los que atender (de modo que no puede solicitar una reducción de jornada por guarda legal). La ausencia de su empleado estará justificada (no podrá dar lugar a una sanción disciplinaria) y usted no deberá retribuirle. En la práctica, durante dicha licencia se suspende la obligación de trabajar y de abonar el salario. En este sentido:

  • Su empleado no devengará pagas extras, por lo que usted le podrá descontar la parte proporcional en el momento de su abono.
  • Durante la licencia no se generará derecho a vacaciones, por lo que éstas –o su eventual pago en caso de fin de la relación– se reducirán de forma proporcional al tiempo de licencia.

Cotización

Pese a lo anterior, sí deberá cotizar durante la licencia por la parte empresarial. En concreto, tome como base de cotización la mínima correspondiente a su grupo de cotización. Para que no haya descuadres con Tesorería, comunique por Sistema RED que su empleado permanecerá en una situación de alta sin retribución.

Suspensión de mutuo acuerdo

Si un empleado no va a poder prestar servicios durante un plazo de tiempo más largo, otra opción que existe en la ley es la de suspender el contrato por mutuo acuerdo.

La suspensión del contrato por mutuo acuerdo entre empresa y trabajador no es una excedencia voluntaria. En concreto, para que un trabajador pueda solicitar la excedencia voluntaria, debe cumplir los siguientes requisitos, salvo que se establezca otros requisitos en el convenio colectivo, son:

  • Debe tener al menos una antigüedad en la empresa de un año.
  • La duración de la excedencia no puede ser menor a cuatro meses ni superior a cinco años.
  • Si ya ha disfrutado de una excedencia voluntaria, sólo podrá volver a disfrutar de otra excedencia voluntaria si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

Por ello, cuando un empleado no cumple con los requisitos indicados, puede proponer a la empresa la suspensión de su contrato por mutuo acuerdo entre ambas partes.

Si usted está de acuerdo con la medida (piense que es una alternativa satisfactoria para su empresa, ya que no debe pagar salarios ni debe cotizar), pacten la suspensión del contrato por mutuo acuerdo. En este caso:

  • Dejen constancia por escrito de todas las condiciones de la suspensión, para evitar discre- pancias o, incluso, que el trabajador pueda reclamarle después los salarios y las cotizaciones dejados de ingresar alegando que se le ha concedido un permiso retribuido.
  • Si la suspensión sólo va a durar el tiempo imprescindible durante el cual los colegios vayan a estar cerrados, reflejen dicha circunstancia en el documento.

Medidas financieras para la protección de los deudores hipotecarios derivadas de la pandemia

Proteger la vivienda, una de las principales medidas aprobadas en el Real Decreto 8/2020

MEDIDAS FINANCIERAS PARA ASEGURAR LA PROTECCION DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD TRAS LA APROBACION DEL RD 463/2020, DE DECLARACION DEL ESTADO DE ALERTA INCORPORADOS AL REAL DECRETO LEY 8/2020.DE 17 DE MARZO

Con respecto a las medidas financieras, se plantea una moratoria en el cumplimiento de la obligación del pago de préstamos o créditos garantizados por hipoteca inmobiliaria cuya persona se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica.

¿Qué se entiende por vulnerabilidad económica?

Según dispone el art. 9 del Real Decreto-Ley:

1.- Que la persona deudora hipotecaria pase a estar en situación de desempleo o en el caso de ser persona empresaria o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

2.- Que el conjunto de los ingresos de las personas miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria

2.1: tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), es decir, 1.613,52€

2.2: Este límite se incrementará por 0,1 veces el IPREM € por cada hijo o hija a cargo de la unidad familiar. El incremento se fija en 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija en el caso de unidad familiar monoparental.

2.3: El límite se incrementará un 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

2.4: Si alguna persona miembro de la unidad familiar tiene declarada una discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el apartado 2.1 será de cuatro veces el IPREM, (2.151,36€) sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo e hija.

2.5: En el caso de que la persona deudora hipotecaria sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que

incapacite acreditadamente, a la persona o su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el apartado 2.1 será de cinco veces el IPREM.(2.689,20€)

3.- Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministro básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de las personas miembros de la unidad familiar.

4.- Que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los siguientes términos:

  • Cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
  • Que se haya producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%.

¿Qué se entiende por UNIDAD FAMILIAR?

Comprende a la persona deudora, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos e hijas, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo las personas vinculadas por relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

¿Cómo se acredita el cumplimiento de estas condiciones?

  • En caso de desempleo, con el certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestación o subsidio de desempleo.
  • En caso de cese de actividad de personas trabajadoras por cuenta propia: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente sobre la base de la declaración de cese de actividad de la persona interesada.
  • El número de personas en la vivienda se acreditará con el libro de familia, o documento de pareja de hecho. También con el certificado de empadronamiento.
  • Declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad.
  • Escrituras de la vivienda y de la concesión del préstamo hipotecario.
  • Declaración responsable de las personas deudoras relativas al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este Real Decreto-ley.

Plazo- relación del deudor con el Banco

Las personas deudoras que cumplan los requisitos y tengan la documentación pertinente, podrán solicitar la moratoria en el pago del préstamo hasta quince días después del fin de la vigencia del Real Decreto-ley (art. 12)

La solicitud de la moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo que se estipule, aunque aquí el Real Decreto no aclara máximos o mínimos.

Lo que sí dice es que quedará inaplicado durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario.

Además, tampoco se podrá exigir el pago de la cuota ni de ninguno de los conceptos que la integran, en referencia a la amortización de capital o el pago de intereses. Tampoco se devengarán intereses. 

Ejemplo: neto unidad familiar

Podrá pedir la moratoria aquel padre o madre de familia con dos hijos e hijas a cargo que se haya quedado en situación de desempleo, y que no ingrese en la unidad familiar más de 1.613,52 euros; más 161,35€ euros por hijo (322,70€). Es decir, que no haya ingresado la unidad familiar en febrero más de 1.936,22 euros.

 

Medidas de ajuste temporal por la pandemia: LOS ERTE

Es absolutamente necesario que las empresas se acojan a medidas temporales para evitar despidos colectivos

Medidas de flexibilización y de ajsute temporal para evitar despidos adoptadas en el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo

  • ¿Cuánto duran las medidas establecidas en el R. DL. 8/2020? (art. 28): Las medidas establecidas en los apartados siguientes estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.
  • ¿Qué compromiso deben tener las empresas para usar las medidas extraordinarias establecidas en este Real Decreto Ley?: 

o mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. (Disposición Adicional Sexta).

MEDIDAS

1.- Suspensión de contratos y reducciones de jornada por causa de FUERZA MAYOR

(art. 22): 

  • ¿A qué empresas se les aplica?: a las empresas que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma implique:
    • suspensión o cancelación de actividades,  o cierre temporal de locales de afluencia pública,  o restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, 
    • falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad,  o situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla  o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados. 

            Todas estas tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

  • ¿Cómo es el procedimiento del ERTE?:
    1. Se iniciará mediante solicitud de la empresa ante la Autoridad Laboral. Se acompañará un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.
    2. Comunicación: La empresa deberá ́ comunicar su solicitud a la representación de las personas trabajadoras (RLT). Y en caso de no existir a las personas trabajadoras.
    3. Resolución: La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que deberá emitir informe en cinco días, pero es potestativo, es decir, que de no emitirse sigue el trámite) y que se limitará a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa.
    4. Decisión de la empresa: Corresponde a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que debe comunicarse a las personas afectadas.
    5. Efectos: desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
  • Intervención de la representación legal de los trabajadores:

o La RLT puede informar sobre la realidad de las afirmaciones sobre la causa, manifestada por la empresa. o Puede proponer medidas alternativas, para intentar racionalizar las medidas y que sean lo menos perjudiciales para sus representados.

 

  • Cotización a la Seguridad Social durante el ERTE de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19. (art. 24): o En empresas de menos de 50 personas contratadas el 29/2/2020: 
    • Se exonera el 100% a las empresas del abono de la aportación empresarial. o En empresas de 50 o más personas contratadas el 29/2/2020:
    • Se exonera el 75 % de la aportación empresarial.

El periodo de suspensión de los contratos tendrá la consideración, para la persona trabajadora, como efectivamente cotizado a todos los efectos.

2.- Suspensión de contratos y reducciones de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción, RELACIONADAS con el COVID-19 (art. 23): 

  • ¿A qué empresas se les aplica?: a las empresas que quieran adoptar tales medidas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19
  • ¿Cómo es el procedimiento del ERTE?:
    1. El procedimiento es el establecido en el art. 45 del E.T., con las siguientes especificidades:
      1. Se iniciará el procedimiento, mediante comunicación de la empresa a la autoridad laboral y la apertura simultánea de un periodo de consultas con los RLT de duración no superior a 7 días.
      2. Si no existe representación legal de las personas trabajadoras:
        1. Estará ́ integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa.
        2. En caso de no existir, la comisión estará ́ integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa.
        3. La comisión estará ́ conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes.
      3. La comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
      4. La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial al SEPE y recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y sobre el desarrollo del periodo de consultas. El informe de la Inspección de Trabajo deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.
      5. Si hay acuerdo con la representación de las personas trabajadoras: Se presumirá que concurren las causas justificativas de la solicitud y, solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.
      6. Si no hay acuerdo con la representación de las personas: Se da por finalizado el periodo de consultas y el empresario notificará a las personas trabajadoras y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, que surtirá efectos a partir de la fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior. 
      7. La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de la prestación por desempleo.
  • Intervención de la representación legal de las personas trabajadoras:  
    1. La RLT puede informar sobre la realidad de las afirmaciones sobre la causa, manifestada por la empresa.
    2. Puede proponer medidas alternativas, para intentar racionalizar las medidas y que sean lo menos perjudiciales para sus representados.
    3. Se recomienda, que se consulte con los sindicatos y asesoría jurídica, para poder evaluar las medidas.

3.- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de los procedimientos referidos en los apartados 1 y 2 anteriores, es decir, artículos de los artículos 22 y 23 (art. 25): 

Las personas afectadas por el expediente de suspensión:

  1. Tendrá derecho a la prestación de desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
  2. No computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo por el expediente de regulación de empleo por está causa, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. 
  3. Para el desempleo de personas trabajadoras fijas discontinuas y trabajadoras fijas y periódicas, que se repiten en fechas ciertas:
    • Tienen derecho, durante los periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.
    • ¿Cómo se determina si hubiese habido actividad laboral? Se estará ́ al efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará ́ a los periodos de actividad de otras personas trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando la persona interesada solicite su reanudación.

 

  1. ¿Cuanto se cobrará de desempleo?:

La persona desempleada, percibirá:

o El 70% de la base reguladora los primeros 180 primeros días. o El 50% de la base reguladora los días restantes.

Siendo la base reguladora de la prestación la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo. 

  1. ¿Cuánto tiempo percibirá la prestación de desempleo por este expediente de regulación de empleo?

o Hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo.  

4.- Limitación temporal de los efectos de la presentación extemporánea de solicitudes de prestaciones por desempleo. (ART. 26)

¿Que pasa si no registramos en el plazo de 15 días la documentación del desempleo en el SEPE, que conforme a la ley reduce desempleo por cada día que pase de la fecha tope para presentarla?

o No reducirá la duración del derecho a la prestación correspondiente, sin que ello excuse, que no tenga que presentarse las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo.

5.- Medidas extraordinarias relativas a la prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas (art. 27)

Para aquellas personas que están percibiendo el subsidio del desempleo, se suspende el plazo de presentación de la documentación para seguir percibiendo el subsidio, a:

  1. las personas que perciban el subsidio de desempleo: autorizando a la entidad gestora para que pueda prorrogar de oficio, el derecho a percibir el subsidio por desempleo, en los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efectos de que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su duración. 
  2. y en el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos años: no se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social, aún cuando la presentación de la preceptiva declaración anual de rentas se realice fuera del plazo establecido legalmente.

 

 

El coronavirus y las relaciones laborales: nota aclarativa

Garantizar la protección social de los trabajadores que causen baja por aislamiento y enfermedad es una prioridad

1.- El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (BOE Nº 62 del 11 de marzo de 2020), determina:

PREÁMBULO

Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el pasado mes de enero que la situación en relación al COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, y según han comenzado a aparecer los primeros casos en nuestro país, se hace necesario adoptar una serie de medidas que no pueden demorarse para garantizar la protección social de los trabajadores que causen baja por aislamiento y enfermedad, así como para garantizar el abastecimiento del material necesario en nuestro sistema nacional de salud.

En particular, por un lado, con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la protección social de los trabajadores por cuenta propia o ajena, se incluye que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.

Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19:

   1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.

2.- En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.

   3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.

   4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.»

2 - En atención a lo recogido en el apartado anterior, cuando un trabajador por prescripción médica pública o de la mutua, determine la necesidad de aislamiento por prevención o existencia de contagio provocado por el virus COVID-19, se le considerará en situación asimilada a accidente laboral.

3.- La duración de dicha incapacidad temporal por accidente de trabajo, será la que determine el parte de baja y, el consecuente para de alta. Entendiéndose que se inicia el periodo de baja cuando lo acuerde el aislamiento o detección del virus, con independencia que el parte de baja se expida con posterioridad. Pero es imprescindible que se expida el parte de baja con concreción de la baja por causa del coronavirus.

4.- En consecuencia:

Primero.- Es preciso un parte de baja en el que conste de manera clara que es por causa del virus COVID-19. Que podrá entregarse a la empresa con posterioridad a la medida de aislamiento.

Segundo.- La duración será la que determine el parte de baja y de alta. Y deberá estar de alta en el Régimen General o de Autónomo de la Seguridad Social.

Tercero.- Sobre las medidas de las que ha hablado el Gobierno de España, en los casos de cierre de colegios y poder no acudir al trabajo por cuidado del hijo, solamente se refiere al personal público de la Administración General del Estado y de Canarias, estableciendo una serie de medidas de flexibilización horario e incluso presencial, para determinados supuestos. Pero NO es de aplicación a las empresas privadas.

Cuarto.- En cuanto a la flexibilidad de los horarios e incluso de días de falta de asistencia justificada al trabajo del personal de empresas privadas, deberá aplicarse lo establecido en cada Convenio Colectivo de Trabajo.

Quinto.- Para el cálculo de la prestación se tiene en cuenta el salario del mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de incapacidad, así como el promedio de las percepciones de vencimiento periódico superior al mes y de las horas extraordinarias cotizadas en los 12 meses anteriores, de manera que la base de cotización de mes anterior se divide por el número de días a que se refiera dicha cotización. Cuando el trabajador perciba retribución mensual, y haya permanecido en alta en la empresa todo el mes natural al que el mismo se refiere, la base de cotización correspondiente se divide por 30, o por los días en los que se haya cotizado. Para el trabajador que haya ingresado en la empresa en el mismo mes en el que se inicie la situación de incapacidad temporal se aplican las bases de cotización correspondientes a dicho mes. A dicha base reguladora se le aplica el 75%.

Los trabajadores de aeropuertos seguimos estando expuestos al COVID-19

Los trabajadores de aeropuertos seguimos estando en una situación de indefensión al no tomarse las medidas preventivas exigidas y recomendadas por los expertos sanitarios.

La extensión y propagación del virus COVID-19 por España ha obligado al Gobierno a declarar el Estado de Alarma. Esta nueva situación obliga a toda la ciudadanía, empresas y administraciones públicas y privadas a seguir los consejos en materia de movilidad que recomiendan las autoridades sanitarias y que vienen reflejadas en el Real Decreto de 463/2020 del 14 de marzo.

Los trabajadores de aeropuertos seguimos estando en una situación de indefensión al no tomarse las medidas preventivas exigidas y recomendadas por los expertos sanitarios. Seguimos embarcando sin guantes, mascarillas, tocando documentaciones y tarjetas de embarques, maletas y sufriendo aglomeraciones en las puertas de embarque y mostradores de facturación, jardineras/autobuses llenos de pasajeros en embarques y desembarques en aviones estacionados en remoto (sin finger).

El art. 7 del Real Decreto habla de restringir la movilidad y permitirla sólo para actividades muy concretas pero siguen llegando aviones de turistas, gente que se desplaza no sabemos muy bien a dónde.

El art. 14.2.a establece que siempre deberán respetarse las recomendaciones de las autoridades sanitarias y una reducción del 50% de la operaciones en el sector aéreo, medida que no garantiza la seguridad de los trabajadores del sector.

Se están produciendo aglomeraciones en los aeropuertos de pasajeros que quieren volver a sus países, a sus hogares incumpliendo los requisitos sanitarios mínimos que establecen los expertos sanitarios.

Las compañías aéreas y/o operadores de handling no están disponiendo nada para garantizar las medidas preventivas necesarias para los trabajadores de aeropuertos.

El art. 14.2.e dice: En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad “. Esto no se está cumpliendo.

El art. 14.2.f dice: Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Después de analizar las diferentes webs de las principales aerolíneas que vuelan en España, la mayoría incumple este articulado, ofreciendo incluso, grandes descuentos para volar en fechas próximas. Sólo Easyjet, que ha cancelado toda la operativa, volará a partir del día 16 de marzo en vuelos de rescate para evacuar a ciudadanos de otros países y retornarlos a sus casas.

Esto nos obliga a pedir la intervención urgente del Ministerio de Sanidad y que exija a las empresas la implantación inmediata de las medidas necesarias que en materia de prevención exigen los expertos sanitarios y el propio Real Decreto para garantizar la salud de los trabajadores de aeropuertos. 

Siempre en nuestro puesto de trabajo                                                    

Vivir en el ajuste salarial permanente

Las medidas de ajuste salarial se han convertido en el instrumento primordial del gobierno de Zapatero frente a la crisis. Ese es el denominador común de las principales reformas aprobadas en los últimos meses, así como de las que previsiblemente se pondrá en marcha antes del verano.

Una vez consolidados los masivos despidos laborales durante 2009, los ataques de los mercados financieros han empujado desde 2010 a una segunda fase en el ajuste de la masa salarial: la ofensiva contra los salarios directos, indirectos y diferidos. La reducción salarial del 5% a los empleados públicos, así como los recortes en educación, sanidad y otros gastos sociales, se inscriben en esa lógica de cuestionamiento de las distintas dimensiones del salario. También lo hacen la reforma laboral, el denominado “pacto social” así como la reciente propuesta de vincular el crecimiento salarial con el de la productividad.

La reforma laboral de junio de 2010 facilitaba y abarataba el despido, flexibilizándose la justificación del despido objetivo y generalizándose el contrato de fomento del empleo (de menor indemnización). Con ello, se tiende a igualar las condiciones de asalariados indefinidos y precarios, pero a la baja, recortando derechos de los primeros.

Por otro lado, la reforma del sistema de pensiones constituye una agresión de importante calado al salario diferido: para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión, ahora serán necesarios 38,5 años cotizados en lugar de los 35 anteriores; quienes no lleguen, tendrán que jubilarse a los 67 años (con 37 años cotizados). Además, el periodo de cálculo de la pensión se amplia de 15 a 25 años. No sólo buena parte de la población se jubilará más tarde (especialmente las mujeres y los trabajadores precarios, con cotizaciones más inestables), sino que quienes consigan hacerlo a los 65 cobrarán entre un 8% y un 10% menos.

En la misma línea se sitúa el llamado “pacto de competitividad”, impulsado por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Esta propuesta resulta –aún si cabe– una expresión más cruda y descarnada de ataque salarial. En este caso son los salarios directos los que están en el punto de mira: la propuesta plantea que éstos dejen de incrementarse con la inflación y pasen a hacerlo con la productividad real, lo que supone –de facto– institucionalizar un mecanismo de “ajuste salarial permanente” (el crecimiento anual medio de la inflación en España fue del 3% durante la última década, mientras que el de la productividad real fue del 1%).

Frente a esta batería de medidas antisociales, las grandes centrales sindicales –CC.OO. y UGT– deberían actuar como diques de contención, impidiendo que la crisis fuese repercutida a los y las trabajadoras. Sin embargo, la firma de la reforma del sistema de pensiones –en contra además de la opinión mayoritaria de la población– constituye un enorme error estratégico, dado que no sólo no contribuye a levantar dicho dique sino que, al contrario, corresponsabiliza a estas organizaciones con las políticas de recortes.

El aval de CC.OO. y UGT a dicha reforma ha reforzado la desmovilización, desorientación y desmoralización de las y los trabajadores, quebrando la confianza en las organizaciones sindicales y dilapidando la incipiente acumulación de fuerzas conseguida en la huelga general del 29-S. La pelea contra las políticas de ajuste salarial de este gobierno, y del que venga, será de largo aliento. En ese sentido, hubiese resultado más provechoso para los intereses de la población trabajadora contribuir a organizar, preparar y sostener la movilización social.

Sindicalistas

Paseando por la Vía Layetana, caminando por la acera opuesta al histórico edificio en manos de los dos grandes sindicatos mayoritarios, a veces coincides con la salida de los delegados electos. No hay coches oficiales con sus conductores y escoltas, ni periodistas, y sí muchos trabajadores, algunos de ellos desesperados en busca de soluciones que nunca llegan. Un tropel de individuos de ambos sexos, encorbatados algunos y engalanadas ellas, saliendo del recinto con los aires que podéis imaginar. No se identifica a ninguno pero al pájaro se le conoce por la cagada. Van pavoneándose tiesos, importantes, seguros de su papel en los destinos de las empresas, camino del coche o del restaurante donde seguirán trazando las líneas maestras de la política laboral y sus consecuencias. No pocos salen arrogantes y sobrados como estrellas de la tele, con trajes y maneras afectadas de los nuevos directivos. Oportunistas advenedizos que cada mañana se miran al espejo para comprobar que están despiertos y celebrar su buena suerte. Sindicalistas, nada menos. Sin tener, algunos, el bachillerato….

Ni haber trabajado en su vida. Desconociendo lo que es madrugar para fichar a las seis de la mañana, o quedarse sin vacaciones en verano porque están liberados, o con turnos colgados. Y protegidos porque se afiliaron sabiamente a los sindicatos del poder. Y nos venden. Y nos engañan. Sin escrúpulos y sin vergüenza. Y en cada ocasión, cuando cruzas con ese desfile insultante, con ese espectáculo de prepotencia absurda, experimentas un intenso desagrado; un malestar íntimo, hecho de indignación y desprecio. No es un acto reflexivo. Sólo visceral. Desprovisto de razón. Espontáneo. Un estallido de cólera interior. Las ganas de acercarme a cualquiera de ellos y ciscarme en su ……...

Sabemos que esto puede ser excesivo. Que siempre hay justos en la morada. Gente honrada. Delegados decentes cuya existencia es jalonada, vitoreada. Pero hoy hablamos de sentimientos, no de razones. Tan agresivo y pesimista. Por qué creemos ver sólo gentuza cuando los miras, pese a saber que entre ellos hay gente perfectamente honorable. Por qué, de admirar y respetar a quienes ocuparon esos mismos puestos hace veinte o treinta años, hemos pasado a despreciar de este modo a sus mediocres reyezuelos sucesores. Por qué unas cuantas docenas de analfabetos irresponsables y plegados a los intereses de sí mismos, pueden amargarnos en un instante, la tarde, el día y la vida.

Los hemos visto durante años, aquí y fuera. En los comités de muchas empresas, en la firma de ERE´s desproporcionados, en asambleas manipuladas a donde llevan sus irresponsabilidades, sus corruptelas, sus ambiciones encubiertas. Su incultura atroz y su falta de escrúpulos. Conocemos las consecuencias. Vivimos las consecuencias. Y sabemos cómo lo hacen ahora, adaptándose a su tiempo y su momento. Lo sabe cualquiera que se fije, que trabaje. Algún día, os detallaremos cómo se lo montan. Cómo y dónde comen y a costa de quién. Cómo se reparten las prebendas y los privilegios. Cómo se organizan entre ellos, en comisiones y visitas institucionales que a nadie importan una mierda, descarados e inútiles viajes MADRID que asumen las empresas a cambio de convenios a la baja. Cómo se han trajinado las miles horas sindicales con la excusa de negociaciones interminables y comisiones inexistentes. Y de ahí a supervisores, jefes de servicio y subdirectores. Ese es el premio de tanto trabajo. De tanta entrega. Y mientras tanto, los curritos entregados en el submundo de las bodegas en pleno verano a 35ºC, facturando colas interminables a ritmo de remero, con jornadas interminables, con convenios sectoriales que nos degradan, que nos humillan.

Ahora por lo menos, mientras nos dirigimos al vestuario para cambiarnos rápido, no vaya a ser que perdamos el bus (perdón, que también nos lo han vendido), algunos sabrán lo que tenemos en la cabeza cuando nos cruzamos con ellos.

Profesionales del poder

Crece el paro, bajan los sueldos y se precariza el empleo, al tiempo que nos recortan las pensiones, la protección social y los servicios públicos con la excusa de la crisis económica. Pero la banca, las grandes empresas, las grandes fortunas  y los niveles superiores de la gerencia pública siguen manteniendo grandes beneficios y privilegios. Ocurre esto porque vivimos en una sociedad capitalista, basada en el lucro privado y en la que el poder y la riqueza se concentran en cada vez menos manos.

Quienes ostentan cargos de representación en las instituciones políticas y sindicales, también pueden llegar a formar parte de esta escala elitista del lucro y el privilegio. Se trata de los profesionales del poder, mal llamados “clase política y sindical”. Es decir, de aquellas personas que viven del ejercicio de la representación en las instituciones durante buena parte de su vida laboral, encadenando sucesivas legislaturas incluso bajo distintas siglas, y que reciben por ello pingües compensaciones.

¿Y qué hacer? Exigir que se vayan o forzar a que lo hagan. Los cambios profundos nunca proceden desde dentro de esas instituciones. Más bien al contrario.

Aprendamos de lo que está sucediendo al otro lado del mediterráneo.

Gestión en tiempos de crisis

gestión en tiempos de crisis

A nadie se le escapa la delicada situación de incertidumbre que está viviendo el sector aéreo. De la misma manera, a nadie se le escapa la necesaria reestructuración que se debe llevar a cabo, no sólo en compañías aéreas, sino también en los diferentes operadores de handling. La nueva concesión de licencias por parte de Aena ha provocado un aumento de la competencia que no ha llevado a una mayor calidad en el servicio que prestan, y sí, a una reducción importante del margen operativo de estas empresas. Resultado: pérdidas económicas importantes e inviabilidad de algunos proyectos empresariales.

Las empresas que tendrán éxito en el futuro serán aquellas que sean capaces de afrontar cualquier situación del mercado, además de gestionar permanentemente el cambio y, por supuesto, estar dispuestas a enfrentarse a él y ser sensibles a satisfacer cada vez mejor las crecientes exigencias de sus clientes. Es en estos momentos cuando debe prevalecer la gestión profesional de los equipos directivos.

Y aunque la crisis sea sobrevenida, el precio del petróleo esté por las nubes y haya exceso de oferta hay que hacer de la amenaza una oportunidad. Con independencia del mayor o menor grado de recesión que se pueda producir, ahora puede ser un momento aconsejable para que la dirección de la compañía tome conciencia de que debe dedicar un tiempo a reflexionar o introducir aquellos cambios en la gestión de su organización, así como el arreglo de los “desperfectos” que, aunque pueda parecer paradójico son fruto de la relajación propia de los tiempos de bonanza. Y esto se traduce en la aplicación de medidas destinadas a cambiar aquellos procesos que sean obsoletos, a invertir en .tecnología y formación, a la realización de nuevas políticas comerciales para captar nuevos clientes. En definitiva, hay que proteger el negocio principal en el que se destaca sobre la competencia.

Los directivos de empresas suelen están mejor preparados y capacitados para dirigir en tiempos de bonanza económica. Obviamente, es mucho más sencillo, e incluso gratificante, tomar decisiones en esos momentos. Sin embargo, ante una recesión o crisis como la que estamos viviendo muchos de esos directivos que se desenvuelven cómodamente en contextos más plácidos no sean las personas más idóneas para gestionar el nuevo escenario. Es entonces cuando se pone de manifiesto la incompetencia o incapacidad de muchos gestores.

¿Y qué es lo que hace IBERIA? Presenta un Plan Director de Handling proponiendo como medida principal la congelación salarial y el aumento de la productividad en base a la reducción de personal (prejubilaciones), amenazando además, que si no se aceptan esas medidas, las posibilidades de seguir en el negocio son escasas o nulas.

Ese es su plan.

En resumen, cuanto más competitivo es un sector, más depende de su capital humano. De sus clientes y de sus trabajadores, que son la clave para afrontar las situaciones de crisis y para fortalecerse en ellas. No se debe poner en peligro ni la calidad, ni el servicio, ni la imagen de buen hacer de la empresa. Los clientes son fieles en periodos de crisis y, aunque la competencia rebaje los precios y los márgenes comerciales más que nosotros, los clientes no se van con ella.

En CESHA apostamos por ella.