sector aéreo

Primeros despdos en el sector de handling

Menzies y Easyjet acometen los primeros despidos en un ERE encubierto

Después de 10 meses de ERTE´s y muchos sacrificios por parte de todos, algunas empresas del sector aéreo y aeropuertos (Menzies e Easyjet) han empezado a despedir a trabajadores estando de ERTE, sin avisar, sin negociar y sin comunicarlo a los diferentes comités de centro en donde estaban adscritos.

Ante la firma del reciente acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal para prorrogar los ERTE´s hasta el 31 de mayo, los trabajadores tenemos la falsa seguridad que no vamos a perder el empleo en los próximos meses. Pero la realidad es que se deja la interpretación del acuerdo a los tribunales, donde se está produciendo un arduo debate jurídico en torno a si las empresas pueden o no despedir en estas circunstancias y los costes derivados de las mismas. De hecho, se da por descontado que acabará dirimiéndose en el Alto Tribunal de la UE.

Sea como fuere, el problema está sobre la mesa y requiere de una respuesta inmediata por parte de la representación social, es decir, por parte de los sindicatos.
No podemos admitir, no debe admitirse que no se respeten los principios normativos que rigen la relación contractual entre trabajadores y empresas y que éstas no cumplan lo que establece la ley en materia de notificación, información y responsabilidad social corporativa. Existe la negociación y está muy bien regulada.

Quizás sea una estrategia empresarial llevar a los juzgados lo que debería ser una negociación entre empresas y trabajadores, dejando el papel de los sindicatos en meros espectadores y poniendo en riesgo miles de empleos en manos de los juzgados. Empresas, además, que se han estado aprovechando de las ayudas pertinentes en materia de exoneración de las cuotas de la seguridad social.

Desde CESHA lo tenemos muy claro: no vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos fundamentales a los trabajadores de handling y que no se respete la actual normativa que regulan los despidos y los diferentes Reales Decretos aprobados por el Gobierno en materia de protección del empleo.

En cualquier caso, la recuperación del sector no vendrá únicamente por el fin de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 sino por el compromiso de las empresas de no tomar medidas en contra de los trabajadores como los despidos acometidos en Menzies e Easyjet. Esto puede provocar el inicio de movilizaciones y un conflicto generalizado en todo el sector de handling en un momento de fragilidad y debilidad económica.

IATA y sus previsiones sobre el futuro del sector aéreo

La precariedad sólo crea supervivientes y estos sólo se centran en sobrevivir y nada más

IATA y las empresas del sector aéreo y de aeropuertos no dejan de repetir del incierto futuro que nos deparará. La verdad es que no sabemos muy bien de dónde sacan la información ni cómo pueden extrapolar los datos de hoy a 2, 3 e incluso 4 años cuando desde los diferentes gobiernos de los diferentes países se va a salto de mata, de hoy para mañana.

Dejemos que la ciencia trabaje.

Afirmar que no nos recuperaremos hasta 2024 nos parece un atrevimiento, una falta de empatía y sobretodo, una falta de respeto a los miles de trabajadores que lidian día a día en este sector.

Se nos ocurre que quizás, lo que se pretende es ir preparando a los trabajadores para los grandes ajustes que puedan llegar y que nuestras mentes empiecen a asumir como inevitable una reestructuración masiva, sin encontrar, por supuesto, ninguna respuesta sindical.

La precariedad y la explotación laboral sólo crean supervivientes y un superviviente por definición, sólo se concentra en sobrevivir y deja de reivindicar porque pasa a ser una acción secundaria. Bastante tiene.

Repetir una mentira mil veces no la convierte en una realidad.

Trabajadores de aeropuertos: estemos atentos y preparados.

¿De los ERTE a los ERE?

A partir del mes de noviembre podrían iniciarse los primeros ERE´s en los aeropuertos  

A partir de noviembre empieza el plazo a partir del cual, las empresas de handling y compañías  aéreas que se acogieron a ERTE´s en abril o mayo pueden empezar a despedir. Nos consta que algunas de ellas han empezado a consultar las condiciones legales para iniciar ese proceso.

Pero pasar de un ERTE a un ERE no es tan sencillo. La continua aprobación de decretos ley aprobada en estos últimos meses no facilita esos procesos.

Recordemos que el Real Decreto Ley 8/2020 establece una cláusula por la que las empresas que se acogieron a un ERTE deben respetar el empleo durante seis meses. Por tanto, aquellas compañías que desafectaron a algún trabajador en la fase inicial de la desescalada tendrían la puerta abierta para llevar a cabo un ERE, es decir, el plazo empezaría a contar a partir de la reincorporación del primer trabajador.

Pero no es tan sencillo. Las empresas se enfrentan a otro problema: deben acreditar la existencia  de causas sólidas y concluyentes para implementar un ERE por causas no vinculadas al COVID-19. Tenemos que recordar que el Real Decreto Ley 9/2020 dice que las causas que sirvieron para avalar el ERTE no justifican la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Es decir y para resumir: un ERTE y un ERE son procesos distintos por motivos diferentes. Para justificar un despido colectivo o ERE debe existir  una causa distinta de aquella que justificó el ERTE y no debe estar vinculada a la pandemia.

Pero también es cierto y según la normativa legal vigente, esto no sería un impedimento para que las empresas del sector de handling no decidan tramitar ERE´s si asumen la improcedencia de esos despidos colectivos y se indemnizan entre los 33 y 45 días por año.

La negociación colectiva entre trabajadores y empresas será el camino que despeje esas dudas a lo largo de los próximos meses.

Veremos.

Medidas financieras para la protección de los deudores hipotecarios derivadas de la pandemia

Proteger la vivienda, una de las principales medidas aprobadas en el Real Decreto 8/2020

MEDIDAS FINANCIERAS PARA ASEGURAR LA PROTECCION DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD TRAS LA APROBACION DEL RD 463/2020, DE DECLARACION DEL ESTADO DE ALERTA INCORPORADOS AL REAL DECRETO LEY 8/2020.DE 17 DE MARZO

Con respecto a las medidas financieras, se plantea una moratoria en el cumplimiento de la obligación del pago de préstamos o créditos garantizados por hipoteca inmobiliaria cuya persona se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica.

¿Qué se entiende por vulnerabilidad económica?

Según dispone el art. 9 del Real Decreto-Ley:

1.- Que la persona deudora hipotecaria pase a estar en situación de desempleo o en el caso de ser persona empresaria o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

2.- Que el conjunto de los ingresos de las personas miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria

2.1: tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), es decir, 1.613,52€

2.2: Este límite se incrementará por 0,1 veces el IPREM € por cada hijo o hija a cargo de la unidad familiar. El incremento se fija en 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija en el caso de unidad familiar monoparental.

2.3: El límite se incrementará un 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

2.4: Si alguna persona miembro de la unidad familiar tiene declarada una discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el apartado 2.1 será de cuatro veces el IPREM, (2.151,36€) sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo e hija.

2.5: En el caso de que la persona deudora hipotecaria sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que

incapacite acreditadamente, a la persona o su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el apartado 2.1 será de cinco veces el IPREM.(2.689,20€)

3.- Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministro básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de las personas miembros de la unidad familiar.

4.- Que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los siguientes términos:

  • Cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
  • Que se haya producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%.

¿Qué se entiende por UNIDAD FAMILIAR?

Comprende a la persona deudora, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos e hijas, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo las personas vinculadas por relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

¿Cómo se acredita el cumplimiento de estas condiciones?

  • En caso de desempleo, con el certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestación o subsidio de desempleo.
  • En caso de cese de actividad de personas trabajadoras por cuenta propia: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente sobre la base de la declaración de cese de actividad de la persona interesada.
  • El número de personas en la vivienda se acreditará con el libro de familia, o documento de pareja de hecho. También con el certificado de empadronamiento.
  • Declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad.
  • Escrituras de la vivienda y de la concesión del préstamo hipotecario.
  • Declaración responsable de las personas deudoras relativas al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este Real Decreto-ley.

Plazo- relación del deudor con el Banco

Las personas deudoras que cumplan los requisitos y tengan la documentación pertinente, podrán solicitar la moratoria en el pago del préstamo hasta quince días después del fin de la vigencia del Real Decreto-ley (art. 12)

La solicitud de la moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo que se estipule, aunque aquí el Real Decreto no aclara máximos o mínimos.

Lo que sí dice es que quedará inaplicado durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario.

Además, tampoco se podrá exigir el pago de la cuota ni de ninguno de los conceptos que la integran, en referencia a la amortización de capital o el pago de intereses. Tampoco se devengarán intereses. 

Ejemplo: neto unidad familiar

Podrá pedir la moratoria aquel padre o madre de familia con dos hijos e hijas a cargo que se haya quedado en situación de desempleo, y que no ingrese en la unidad familiar más de 1.613,52 euros; más 161,35€ euros por hijo (322,70€). Es decir, que no haya ingresado la unidad familiar en febrero más de 1.936,22 euros.

 

Medidas de ajuste temporal por la pandemia: LOS ERTE

Es absolutamente necesario que las empresas se acojan a medidas temporales para evitar despidos colectivos

Medidas de flexibilización y de ajsute temporal para evitar despidos adoptadas en el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo

  • ¿Cuánto duran las medidas establecidas en el R. DL. 8/2020? (art. 28): Las medidas establecidas en los apartados siguientes estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.
  • ¿Qué compromiso deben tener las empresas para usar las medidas extraordinarias establecidas en este Real Decreto Ley?: 

o mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. (Disposición Adicional Sexta).

MEDIDAS

1.- Suspensión de contratos y reducciones de jornada por causa de FUERZA MAYOR

(art. 22): 

  • ¿A qué empresas se les aplica?: a las empresas que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma implique:
    • suspensión o cancelación de actividades,  o cierre temporal de locales de afluencia pública,  o restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, 
    • falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad,  o situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla  o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados. 

            Todas estas tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

  • ¿Cómo es el procedimiento del ERTE?:
    1. Se iniciará mediante solicitud de la empresa ante la Autoridad Laboral. Se acompañará un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.
    2. Comunicación: La empresa deberá ́ comunicar su solicitud a la representación de las personas trabajadoras (RLT). Y en caso de no existir a las personas trabajadoras.
    3. Resolución: La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que deberá emitir informe en cinco días, pero es potestativo, es decir, que de no emitirse sigue el trámite) y que se limitará a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa.
    4. Decisión de la empresa: Corresponde a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que debe comunicarse a las personas afectadas.
    5. Efectos: desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
  • Intervención de la representación legal de los trabajadores:

o La RLT puede informar sobre la realidad de las afirmaciones sobre la causa, manifestada por la empresa. o Puede proponer medidas alternativas, para intentar racionalizar las medidas y que sean lo menos perjudiciales para sus representados.

 

  • Cotización a la Seguridad Social durante el ERTE de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19. (art. 24): o En empresas de menos de 50 personas contratadas el 29/2/2020: 
    • Se exonera el 100% a las empresas del abono de la aportación empresarial. o En empresas de 50 o más personas contratadas el 29/2/2020:
    • Se exonera el 75 % de la aportación empresarial.

El periodo de suspensión de los contratos tendrá la consideración, para la persona trabajadora, como efectivamente cotizado a todos los efectos.

2.- Suspensión de contratos y reducciones de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción, RELACIONADAS con el COVID-19 (art. 23): 

  • ¿A qué empresas se les aplica?: a las empresas que quieran adoptar tales medidas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19
  • ¿Cómo es el procedimiento del ERTE?:
    1. El procedimiento es el establecido en el art. 45 del E.T., con las siguientes especificidades:
      1. Se iniciará el procedimiento, mediante comunicación de la empresa a la autoridad laboral y la apertura simultánea de un periodo de consultas con los RLT de duración no superior a 7 días.
      2. Si no existe representación legal de las personas trabajadoras:
        1. Estará ́ integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa.
        2. En caso de no existir, la comisión estará ́ integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa.
        3. La comisión estará ́ conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes.
      3. La comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
      4. La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial al SEPE y recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y sobre el desarrollo del periodo de consultas. El informe de la Inspección de Trabajo deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.
      5. Si hay acuerdo con la representación de las personas trabajadoras: Se presumirá que concurren las causas justificativas de la solicitud y, solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.
      6. Si no hay acuerdo con la representación de las personas: Se da por finalizado el periodo de consultas y el empresario notificará a las personas trabajadoras y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, que surtirá efectos a partir de la fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior. 
      7. La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de la prestación por desempleo.
  • Intervención de la representación legal de las personas trabajadoras:  
    1. La RLT puede informar sobre la realidad de las afirmaciones sobre la causa, manifestada por la empresa.
    2. Puede proponer medidas alternativas, para intentar racionalizar las medidas y que sean lo menos perjudiciales para sus representados.
    3. Se recomienda, que se consulte con los sindicatos y asesoría jurídica, para poder evaluar las medidas.

3.- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de los procedimientos referidos en los apartados 1 y 2 anteriores, es decir, artículos de los artículos 22 y 23 (art. 25): 

Las personas afectadas por el expediente de suspensión:

  1. Tendrá derecho a la prestación de desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
  2. No computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo por el expediente de regulación de empleo por está causa, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. 
  3. Para el desempleo de personas trabajadoras fijas discontinuas y trabajadoras fijas y periódicas, que se repiten en fechas ciertas:
    • Tienen derecho, durante los periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.
    • ¿Cómo se determina si hubiese habido actividad laboral? Se estará ́ al efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará ́ a los periodos de actividad de otras personas trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando la persona interesada solicite su reanudación.

 

  1. ¿Cuanto se cobrará de desempleo?:

La persona desempleada, percibirá:

o El 70% de la base reguladora los primeros 180 primeros días. o El 50% de la base reguladora los días restantes.

Siendo la base reguladora de la prestación la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo. 

  1. ¿Cuánto tiempo percibirá la prestación de desempleo por este expediente de regulación de empleo?

o Hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo.  

4.- Limitación temporal de los efectos de la presentación extemporánea de solicitudes de prestaciones por desempleo. (ART. 26)

¿Que pasa si no registramos en el plazo de 15 días la documentación del desempleo en el SEPE, que conforme a la ley reduce desempleo por cada día que pase de la fecha tope para presentarla?

o No reducirá la duración del derecho a la prestación correspondiente, sin que ello excuse, que no tenga que presentarse las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo.

5.- Medidas extraordinarias relativas a la prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas (art. 27)

Para aquellas personas que están percibiendo el subsidio del desempleo, se suspende el plazo de presentación de la documentación para seguir percibiendo el subsidio, a:

  1. las personas que perciban el subsidio de desempleo: autorizando a la entidad gestora para que pueda prorrogar de oficio, el derecho a percibir el subsidio por desempleo, en los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efectos de que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su duración. 
  2. y en el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos años: no se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social, aún cuando la presentación de la preceptiva declaración anual de rentas se realice fuera del plazo establecido legalmente.

 

 

El coronavirus y las relaciones laborales: nota aclarativa

Garantizar la protección social de los trabajadores que causen baja por aislamiento y enfermedad es una prioridad

1.- El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (BOE Nº 62 del 11 de marzo de 2020), determina:

PREÁMBULO

Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el pasado mes de enero que la situación en relación al COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, y según han comenzado a aparecer los primeros casos en nuestro país, se hace necesario adoptar una serie de medidas que no pueden demorarse para garantizar la protección social de los trabajadores que causen baja por aislamiento y enfermedad, así como para garantizar el abastecimiento del material necesario en nuestro sistema nacional de salud.

En particular, por un lado, con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la protección social de los trabajadores por cuenta propia o ajena, se incluye que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.

Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19:

   1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.

2.- En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.

   3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.

   4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.»

2 - En atención a lo recogido en el apartado anterior, cuando un trabajador por prescripción médica pública o de la mutua, determine la necesidad de aislamiento por prevención o existencia de contagio provocado por el virus COVID-19, se le considerará en situación asimilada a accidente laboral.

3.- La duración de dicha incapacidad temporal por accidente de trabajo, será la que determine el parte de baja y, el consecuente para de alta. Entendiéndose que se inicia el periodo de baja cuando lo acuerde el aislamiento o detección del virus, con independencia que el parte de baja se expida con posterioridad. Pero es imprescindible que se expida el parte de baja con concreción de la baja por causa del coronavirus.

4.- En consecuencia:

Primero.- Es preciso un parte de baja en el que conste de manera clara que es por causa del virus COVID-19. Que podrá entregarse a la empresa con posterioridad a la medida de aislamiento.

Segundo.- La duración será la que determine el parte de baja y de alta. Y deberá estar de alta en el Régimen General o de Autónomo de la Seguridad Social.

Tercero.- Sobre las medidas de las que ha hablado el Gobierno de España, en los casos de cierre de colegios y poder no acudir al trabajo por cuidado del hijo, solamente se refiere al personal público de la Administración General del Estado y de Canarias, estableciendo una serie de medidas de flexibilización horario e incluso presencial, para determinados supuestos. Pero NO es de aplicación a las empresas privadas.

Cuarto.- En cuanto a la flexibilidad de los horarios e incluso de días de falta de asistencia justificada al trabajo del personal de empresas privadas, deberá aplicarse lo establecido en cada Convenio Colectivo de Trabajo.

Quinto.- Para el cálculo de la prestación se tiene en cuenta el salario del mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de incapacidad, así como el promedio de las percepciones de vencimiento periódico superior al mes y de las horas extraordinarias cotizadas en los 12 meses anteriores, de manera que la base de cotización de mes anterior se divide por el número de días a que se refiera dicha cotización. Cuando el trabajador perciba retribución mensual, y haya permanecido en alta en la empresa todo el mes natural al que el mismo se refiere, la base de cotización correspondiente se divide por 30, o por los días en los que se haya cotizado. Para el trabajador que haya ingresado en la empresa en el mismo mes en el que se inicie la situación de incapacidad temporal se aplican las bases de cotización correspondientes a dicho mes. A dicha base reguladora se le aplica el 75%.

Los trabajadores de aeropuertos seguimos estando expuestos al COVID-19

Los trabajadores de aeropuertos seguimos estando en una situación de indefensión al no tomarse las medidas preventivas exigidas y recomendadas por los expertos sanitarios.

La extensión y propagación del virus COVID-19 por España ha obligado al Gobierno a declarar el Estado de Alarma. Esta nueva situación obliga a toda la ciudadanía, empresas y administraciones públicas y privadas a seguir los consejos en materia de movilidad que recomiendan las autoridades sanitarias y que vienen reflejadas en el Real Decreto de 463/2020 del 14 de marzo.

Los trabajadores de aeropuertos seguimos estando en una situación de indefensión al no tomarse las medidas preventivas exigidas y recomendadas por los expertos sanitarios. Seguimos embarcando sin guantes, mascarillas, tocando documentaciones y tarjetas de embarques, maletas y sufriendo aglomeraciones en las puertas de embarque y mostradores de facturación, jardineras/autobuses llenos de pasajeros en embarques y desembarques en aviones estacionados en remoto (sin finger).

El art. 7 del Real Decreto habla de restringir la movilidad y permitirla sólo para actividades muy concretas pero siguen llegando aviones de turistas, gente que se desplaza no sabemos muy bien a dónde.

El art. 14.2.a establece que siempre deberán respetarse las recomendaciones de las autoridades sanitarias y una reducción del 50% de la operaciones en el sector aéreo, medida que no garantiza la seguridad de los trabajadores del sector.

Se están produciendo aglomeraciones en los aeropuertos de pasajeros que quieren volver a sus países, a sus hogares incumpliendo los requisitos sanitarios mínimos que establecen los expertos sanitarios.

Las compañías aéreas y/o operadores de handling no están disponiendo nada para garantizar las medidas preventivas necesarias para los trabajadores de aeropuertos.

El art. 14.2.e dice: En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad “. Esto no se está cumpliendo.

El art. 14.2.f dice: Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Después de analizar las diferentes webs de las principales aerolíneas que vuelan en España, la mayoría incumple este articulado, ofreciendo incluso, grandes descuentos para volar en fechas próximas. Sólo Easyjet, que ha cancelado toda la operativa, volará a partir del día 16 de marzo en vuelos de rescate para evacuar a ciudadanos de otros países y retornarlos a sus casas.

Esto nos obliga a pedir la intervención urgente del Ministerio de Sanidad y que exija a las empresas la implantación inmediata de las medidas necesarias que en materia de prevención exigen los expertos sanitarios y el propio Real Decreto para garantizar la salud de los trabajadores de aeropuertos. 

Siempre en nuestro puesto de trabajo                                                    

CORONAVIRUS, cuarentena y baja laboral

La pandemia del coronavirus está afectando de manera muy agresiva al turismo, en particular al sector aéreo

1.- El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (BOE Nº 62 del 11 de marzo de 2020), determina:

                                              PREÁMBULO

Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el pasado mes de enero que la situación en relación al COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, y según han comenzado a aparecer los primeros casos en nuestro país, se hace necesario adoptar una serie de medidas que no pueden demorarse para garantizar la protección social de los trabajadores que causen baja por aislamiento y enfermedad, así como para garantizar el abastecimiento del material necesario en nuestro sistema nacional de salud.

En particular, por un lado, con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la protección social de los trabajadores por cuenta propia o ajena, se incluye que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.

Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19:

                  «1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.

                  2.- En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.

                  3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.

                  4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.»

                   2 - En atención a lo recogido en el apartado anterior, cuando un trabajador por prescripción médica pública o de la mutua, determine la necesidad de aislamiento por prevención o existencia de contagio provocado por el virus COVID-19, se le considerará en situación asimilada a accidente laboral.

3.- La duración de dicha incapacidad temporal por accidente de trabajo, será la que determine el parte de baja y, el consecuente para de alta. Entendiéndose que se inicia el periodo de baja cuando lo acuerde el aislamiento o detección del virus, con independencia que el parte de baja se expida con posterioridad. Pero es imprescindible que se expida el parte de baja con concreción de la baja por causa del coronavirus.

4.- En consecuencia:

Primero.- Es preciso un parte de baja en el que conste de manera clara que es por causa del virus COVID-19. Que podrá entregarse a la empresa con posterioridad a la medida de aislamiento.

Segundo.- La duración será la que determine el parte de baja y de alta. Y deberá estar de alta en el Régimen General o de Autónomo de la Seguridad Social.

Tercero.- Sobre las medidas de las que ha hablado el Gobierno de España, en los casos de cierre de colegios y poder no acudir al trabajo por cuidado del hijo, solamente se refiere al personal público de la Administración General del Estado y de Canarias, estableciendo una serie de medidas de flexibilización horario e incluso presencial, para determinados supuestos. Pero NO es de aplicación a las empresas privadas.

Cuarto.- En cuanto a la flexibilidad de los horarios e incluso de días de falta de asistencia justificada al trabajo del personal de empresas privadas, deberá aplicarse lo establecido en cada Convenio Colectivo de Trabajo.

Quinto.- Para el cálculo de la prestación se tiene en cuenta el salario del mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de incapacidad, así como el promedio de las percepciones de vencimiento periódico superior al mes y de las horas extraordinarias cotizadas en los 12 meses anteriores, de manera que la base de cotización de mes anterior se divide por el número de días a que se refiera dicha cotización. Cuando el trabajador perciba retribución mensual, y haya permanecido en alta en la empresa todo el mes natural al que el mismo se refiere, la base de cotización correspondiente se divide por 30, o por los días en los que se haya cotizado. Para el trabajador que haya ingresado en la empresa en el mismo mes en el que se inicie la situación de incapacidad temporal se aplican las bases de cotización correspondientes a dicho mes. A dicha base reguladora se le aplica el 75%.

El embalaje de las maletas en los aeropuertos: demasiado plástico

Hay que desterrar este negocio que beneficia a muy pocos y que no aporta valor añadido al sector aéreo: sólo contamina

Últimamente el esfuerzo por utilizar la menor cantidad de plásticos posible es notable, conocido y reconocido, incluso, a nivel institucional. Las recientes campañas informativas dejarían en evidencia a cualquiera que pretenda mostrarse ignorante del mal que produce el plástico en el medio ambiente y hasta en la cadena alimenticia. El hecho se ha traducido en obligaciones legales, encarecimiento de plásticos de uso doméstico, desaparición de muchos de uso industrial (vasos, cañitas, etc.), y concienciación de reciclaje de ropa sintética o envases no retornables. Cada vez es más frecuente ver a la gente cargar sus propias bolsas de compra y tomar todo tipo de medidas individuales al respecto.

Por otro lado, la gente cada vez viaja más. El avión supera ampliamente al barco en cuanto a demanda de pasajeros por el abaratamiento, la inmediatez y comodidad frente al otro. Hay muchos trayectos que no se pueden hacer por tierra o son demasiado largos para poder competir con la comodidad del transporte aéreo. Inherente al avión del siglo XXI está el mayor sistema de seguridad en traslados de toda la historia, que viene precedido por malas experiencias de atentados terroristas y escarmientos tecnológicos que han producido una flota que surca los cielos muy segura y centrada ahora en buscar la eficiencia de consumo y baja contaminación. Sin embargo, hay una mala costumbre actual que debería de pasar a la historia inmediatamente: envolver las maletas en metros y metros cuadrados de plástico.

Imaginamos que las personas que utilizan estos servicios, que se ofrecen en las instalaciones más destacadas de la Red de Aeropuertos de Aena, piensan que así se resguarda más su ropa o su propia maleta. Seguro que lo hacen sin consciencia de que las maletas están diseñadas para viajar y es lógico que sufran algún arañazo, o que no se debe llevar en el equipaje facturado objetos de valor que no sean la propia ropa o calzado. Aun así, no creemos que sean tan ingenuos de no saber lo grave que es consumir tanto plástico; y tampoco los vemos llegar a un destino desconocido preguntando por el lugar dónde deben tirar ese plástico de un solo uso.

En un pequeño artículo publicado en prensa en mayo de 2019 sobre las máquinas que envuelven mecánicamente las maletas, se asegura que «El proceso de embalado va por ciclo programado. La máquina da seis vueltas para un lado y siete vueltas para el otro, independientemente del tamaño de la maleta». En el mismo texto se calcula que se trata de un total de «unos 13 metros de longitud de un rollo de uno de ancho. Es decir: unos 13 metros cuadrados de plástico por maleta». Eso es mucho plástico. ¿Cuánto puede significar al día, al mes o al año?

Señores viajeros que empaquetan sus maletas en plásticos: nadie mete droga en su equipaje, como tampoco se reparten caramelos con droga gratis, los narcos tienen sistemas asombrosos hoy en día; las maletas más caras son las más resistentes y mejor preparadas para soportar el trasiego de los operadores de handling, que además aseguran su equipaje y se hacen cargo de roturas; y una maleta cerrada con una brida o un candado es suficientemente segura, aunque más seguro es llevar las cosas de valor en equipaje de mano. Muy posiblemente, los mayores ladrones que encontrarás en la mayoría de los aeropuertos son los empaquetadores de plástico que utilizan eslóganes como «para que no te metan nada en tu equipaje» o «para no perder tus pertenencias». La mayor estupidez, alimentar a gente que contamina de esa manera con una gestión empresarial de dudosa valía.

Mientras esta práctica siga siendo legal, debería estar pendiente la policía de fronteras y obligar a cortar la «armadura» plástica a cada viajero y depositar esa basura en el lugar correspondiente; igual que se obliga a tirar las botellas con líquido de más de 100 centilitros a la entrada de embarque. En esta ocasión, por un medio ambiente que tenemos que cuidar todos sin excepción.

Ryanair amenaza con irse de Canarias

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El modelo de negocio impulsado por Ryanair a base de subvenciones y ayudas pone en riesgo el mercado laboral de los aeropuertos y el sector turístico

Hace unos años, representantes del sindicato de CESHA se reunieron con el entonces consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez. También lo hicieron con representantes de la CEOE. En ambas reuniones se advirtió del modelo de negocio que pretendía Ryanair, una fórmula basada en secuestrar las subvenciones públicas para subsistir, en este caso en el mercado canario, y una vez se acaban o son consideradas insuficientes, chantajean a las instituciones locales con la amenaza de marcharse.

La reunión mantenida con Bermúdez difirió bastante de la mantenida con la CEOE. Mientras la CEOE entendía nuestras advertencias, Bermúdez solo pensaba en aumentar el número de pasajeros que llegaban al Archipiélago y alardeaba de eso a boca llena delante de nosotros: mientras más lleguen, mejor, aunque fuera en compañías de bajo coste como Ryanair.

El tiempo nos ha dado la razón y nuevamente vemos cómo Ryanair amenaza con irse del mercado canario cerrando bases y bajando el número de frecuencias. Pero puede cambiar de opinión a cambio de nuevas ayudas y subvenciones.

Este modelo de negocio de low cost no ha hecho más que perjudicar a los trabajadores del sector servicios con la consolidación de bajos salarios y aumento de la carga de trabajo. El gobierno de Canarias no debería aceptar el chantaje de Ryanair, debería apostar por la creación de una línea aérea o una de origen canario, como Binter para garantizar la afluencia de turistas sin miedo a que las compañías que operan pongan en jaque nuestro futuro. Binter está incorporando a su flota nuevos aviones de largo alcance que pueden asumir perfectamente los destinos de los vuelos que realiza Ryanair.

Desde CESHA pensamos que es hora de que el futuro de Canarias no dependa de una empresa cuya base radica en Irlanda, es hora de que el futuro de Canarias dependa menos de foráneos y más de los de aquí y, puestos a subvencionar, mejor a una empresa canaria comprometida con los habitantes del Archipiélago que a una empresa irlandesa comprometida exclusivamente con sus beneficios.

Obviamente, esta apuesta del Gobierno canario por una aerolínea propia no tiene ni debe significar la desaparición de puestos de trabajo. La compañía que asuma el lugar de Ryanair debe asumir también a los trabajadores de esta compañía.

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