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Las medidas de ajuste salarial se han convertido en el instrumento primordial del gobierno de Zapatero frente a la crisis. Ese es el denominador común de las principales reformas aprobadas en los últimos meses, así como de las que previsiblemente se pondrá en marcha antes del verano.
Una vez consolidados los masivos despidos laborales durante 2009, los ataques de los mercados financieros han empujado desde 2010 a una segunda fase en el ajuste de la masa salarial: la ofensiva contra los salarios directos, indirectos y diferidos. La reducción salarial del 5% a los empleados públicos, así como los recortes en educación, sanidad y otros gastos sociales, se inscriben en esa lógica de cuestionamiento de las distintas dimensiones del salario. También lo hacen la reforma laboral, el denominado “pacto social” así como la reciente propuesta de vincular el crecimiento salarial con el de la productividad.
La reforma laboral de junio de 2010 facilitaba y abarataba el despido, flexibilizándose la justificación del despido objetivo y generalizándose el contrato de fomento del empleo (de menor indemnización). Con ello, se tiende a igualar las condiciones de asalariados indefinidos y precarios, pero a la baja, recortando derechos de los primeros.
Por otro lado, la reforma del sistema de pensiones constituye una agresión de importante calado al salario diferido: para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión, ahora serán necesarios 38,5 años cotizados en lugar de los 35 anteriores; quienes no lleguen, tendrán que jubilarse a los 67 años (con 37 años cotizados). Además, el periodo de cálculo de la pensión se amplia de 15 a 25 años. No sólo buena parte de la población se jubilará más tarde (especialmente las mujeres y los trabajadores precarios, con cotizaciones más inestables), sino que quienes consigan hacerlo a los 65 cobrarán entre un 8% y un 10% menos.
En la misma línea se sitúa el llamado “pacto de competitividad”, impulsado por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Esta propuesta resulta –aún si cabe– una expresión más cruda y descarnada de ataque salarial. En este caso son los salarios directos los que están en el punto de mira: la propuesta plantea que éstos dejen de incrementarse con la inflación y pasen a hacerlo con la productividad real, lo que supone –de facto– institucionalizar un mecanismo de “ajuste salarial permanente” (el crecimiento anual medio de la inflación en España fue del 3% durante la última década, mientras que el de la productividad real fue del 1%).
Frente a esta batería de medidas antisociales, las grandes centrales sindicales –CC.OO. y UGT– deberían actuar como diques de contención, impidiendo que la crisis fuese repercutida a los y las trabajadoras. Sin embargo, la firma de la reforma del sistema de pensiones –en contra además de la opinión mayoritaria de la población– constituye un enorme error estratégico, dado que no sólo no contribuye a levantar dicho dique sino que, al contrario, corresponsabiliza a estas organizaciones con las políticas de recortes.
El aval de CC.OO. y UGT a dicha reforma ha reforzado la desmovilización, desorientación y desmoralización de las y los trabajadores, quebrando la confianza en las organizaciones sindicales y dilapidando la incipiente acumulación de fuerzas conseguida en la huelga general del 29-S. La pelea contra las políticas de ajuste salarial de este gobierno, y del que venga, será de largo aliento. En ese sentido, hubiese resultado más provechoso para los intereses de la población trabajadora contribuir a organizar, preparar y sostener la movilización social.
